la Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó ayer las irregularidades en varias contrataciones de obras de infraestructura para el saneamiento del Riachuelo; mostró lo laxo de los controles del Estado sobre esos contratos y demostró la sospechosa vinculación entre cinco empresas constructoras ganadoras de licitaciones.
Éste fue el capítulo más destacado de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para determinar los alcances de una denuncia periodística en la que se vinculó a cinco empresas constructoras con un fideicomiso conformado en Bernal cuyo socio principal es el suegro del juez de ejecución de la causa por el saneamiento, Luis Armella.
El presidente de la AGN, Leandro Despouy, ofreció información sobre una de las empresas que tienen obras adjudicadas por 129.729.597 pesos. Se trata de M&T SA, una compañía que se conformó en 2008 con un capital inicial de 12.000 pesos y 3000 de capital integrado, según el detalle de la Auditoría. "Esto preocupa porque con ese capital inicial, en cuatro años, pudo obtener un volumen millonario en obra pública. Es evidente la falta de control", dijo Despouy.
Las contrataciones sospechadas fueron realizadas por las empresas AySA y Ceamse. Según el detalle brindado por el auditor general, la compañía estatal de agua y saneamiento cuenta con cuatro contrataciones directas y 14 concursos privados. Mientras que en el caso de la Ceamse hubo un contrato más y otro procedimiento que quedó trunco.
El detalle del informe realizado por la AGN, confeccionado sobre la base de información brindada por cada organismo, indica que el 61,2 por ciento de las contrataciones se hicieron con el sistema de concurso de precios. Es decir que se invitó a los oferentes a participar. "Es difícil pensar que pudiera ser ignorada la composición accionaria cuando es la empresa la que convoca a las firmas", respondió Despouy a la duda que le planteó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sobre la posibilidad de haber ignorado los registros de las compañías.
Sobre la urgencia en los plazos y en los métodos de contratación, AySA y Ceamse indicaron a la AGN que se habían basado en resoluciones dictadas por Armella que estipulaban plazos que superaban ampliamente lo que demanda, por ejemplo, una licitación pública.
Las dudas sobre los contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA, Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio.
Miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro, Francisco Alberto Groba, y el tío de su pareja, Aníbal Carlos Nietzel.
En AySA indicaron que M&T fue contratada a lo largo de los últimos cuatro años para la realización de 16 obras, de las cuales sólo nueve corresponden a la cuenca Matanza-Riachuelo por un monto total de $ 51 millones; que no registra contratos con ninguna de las otras empresas mencionadas en las audiencias públicas, y que sólo se verifica la participación de tres de ellas en licitaciones relativas a movimientos de tierra para actividades ajenas a la cuenca.
El máximo tribunal quedó ahora en condiciones de emitir decisiones vinculadas no sólo con el desarrollo de las obras, sino también con el futuro del juez Armella.
Cabe recordar que, en su presentación, el juez de Quilmes indicó que el fideicomiso que armaron los integrantes de su familia con otros socios se conformó exclusivamente para la construcción de un edificio en Bernal, en terrenos de la vieja casa familiar.
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